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El Gobierno de Javier Milei continúa impulsando la privatización de Aerolíneas Argentinas, pese a que el proyecto enfrenta un panorama legislativo complejo al carecer del apoyo necesario en el Congreso. La medida, orientada a reducir la intervención estatal en el sector, contempla el desmantelamiento de la aerolínea si no logra respaldo. En un contexto marcado por conflictos sindicales y señales favorables a aerolíneas extranjeras, la propuesta está enfocada en desfinanciar la empresa nacional en vez de mejorar su competitividad.
El Ejecutivo busca justificar el desguace de Aerolíneas alegando un supuesto respaldo de la opinión pública a su privatización. Sin embargo, la desaparición de la compañía plantea el riesgo de dejar al país sin una aerolínea de bandera que cubra rutas de baja rentabilidad pero alto valor social. La iniciativa también prevé que una nueva empresa privada asuma las rutas más rentables, limitando las posibilidades de financiamiento para la aerolínea nacional.
La incertidumbre ya afecta el mercado aéreo antes de la temporada alta, frenando la venta de pasajes ante posibles interrupciones que amenazan los planes de viaje de muchas familias y comprometen la conectividad de las provincias más remotas. Desde el gobierno aseguran que estas medidas responden al “humor social”, aunque la eliminación de Aerolíneas Argentinas podría aumentar la dependencia de operadores extranjeros y elevar las tarifas para los pasajeros locales.
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