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El fiscal federal Franco Picardi ordenó una serie de medidas de prueba para investigar el accionar de las fuerzas de seguridad durante la brutal represión de manifestantes en la protesta realizada el pasado 12 de junio, mientras se votaba la Ley de Bases en el Congreso de la Nación.
En aquel episodio, la Policía Federal dispersó a manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos, y también agredió a periodistas. Además del incendio de un vehículo perteneciente a un medio de comunicación, del cual nadie ha asumido responsabilidades.
El letrado solicitó que se identifique a todos los efectivos de seguridad que participaron en la represión en la plaza de los Dos Congresos. Además, apuntó posibles casos de violencia institucional y violación de los derechos humanos, luego de aplicar el protocolo anti piquete diseñado por Patricia Bullrich para atacar con violencia las expresiones de enojo por parte de la sociedad.
El objetivo de la investigación es esclarecer los ataques contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otro punto relevante de esta investigación es el abuso de la autoridad, ya que el mismo día de la represión, las fuerzas federales que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detuvieron a 33 personas, de las cuales 28 fueron liberadas por falta de mérito, lo que evidenció un claro exceso en el uso del poder estatal.
La investigación judicial busca esclarecer estos hechos, que involucran directamente a las fuerzas federales bajo la órbita de Bullrich, y abre una nueva discusión sobre la responsabilidad de las autoridades frente a la represión de las protestas sociales, que cada vez se acrecientan más ante el descontento de la población argentina.
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