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Entre los muchos temas que aborda la “Ley Ómnibus” que Javier Milei envió al Congreso, figura una reforma electoral de amplio alcance que, de aprobarse, podría implicar un cambio radical en el sistema vigente. Además de la eliminación de las PASO, la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), una sorpresiva propuesta para modificar la composición de la Cámara de Diputados y dividir al país en circunscripciones, propone modificar el sistema de financiamiento político que rige hoy. En el mensaje que antecede el proyecto de ley, el Presidente sostuvo que “se busca transparentar los mecanismos de asignación de fondos existentes, al mismo tiempo que se pone a todos los partidos políticos en igualdad de condiciones para financiar sus actividades proselitistas, eliminando la ventaja natural que tiene quien detenta el poder del Estado”. Sin embargo, hay expertos que no coinciden con esa lectura, y advierten sobre el “riesgo de una privatización de la política”, que favorece a los partidos más consolidados, a los que tienen más chances de ganar una elección, o pueden ser más permeables a los deseos de los empresarios o donantes dispuestos a abrir su billetera.
La derogación y la modificación de artículos de la ley actual de Financiamiento de los Partidos Políticos (Nro 26.215) implica que se elimina el tope máximo de donaciones por persona y empresas a un partido o candidato para la campaña electoral, y para el funcionamiento institucional partidario. Se propone derogar, entre otros, el artículo 44 bis de la norma actual que limita los aportes privados de campaña por persona física o jurídica que puede recibir cada agrupación. La norma actual fija un tope del 2% de los gastos permitidos para esa campaña. Ese monto máximo es informado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) antes de cada elección. En la elección nacional de este año para categoría de presidente, por ejemplo, ese tope fue de $20.366.175 por persona o empresa.
En tanto, el artículo 16 de la ley vigente establece montos máximos que los partidos políticos pueden recibir de una misma persona humana o jurídica por cada año calendario para su desenvolvimiento institucional. Ese tope es del 2% de la cifra que surge de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior. Quedan excluidos de este límite los aportes de afiliados fijados en las cartas orgánicas partidarias, cuando desempeñen cargos públicos. Ese valor máximo es también informado por la CNE a principios de cada año y para los partidos nacionales en 2023 fue de $40.732.350 por particular o empresa.
El proyecto de ley también propone eliminar el monto máximo de gastos destinados a la campaña electoral que puede realizar una agrupación política. Según el artículo 45 de la norma vigente, en las elecciones nacionales, los gastos de una agrupación política destinados a la campaña electoral para cada categoría no podrán superar la suma que resulte de multiplicar el número de electores habilitados - con un piso mínimo para todos los distritos de 500.000 - por el valor de un módulo electoral establecido en el Presupuesto nacional del año respectivo. El límite del gasto de campaña en las elecciones generales 2023 para las agrupaciones o alianzas fue de $2.036.617.499.
En la práctica, la reforma significaría que los partidos podrían recibir donaciones de privados sin tope y gastar sin límites. “Va contra todos los avances que hizo Argentina en materia de financiamiento político. Desde Poder Ciudadano, venimos hace 25 años luchando para que el financiamiento político sea más transparente y tenga límites que generen equidad en la competencia electoral. Porque justamente, uno de los problemas políticos que hay que controlar es el del poder del dinero distorsionando la voluntad democrática popular a través del financiamiento de las campañas electorales., sostuvo Pablo Secchi, director ejecutivo de esa ONG, capítulo argentino de Transparencia Internacional, en diálogo con Infobae.
“Lo que se produciría, si se aprueba esta reforma, es una desfinanciación por parte del Estado de los partidos políticos y se tiende a una privatización de la política, porque al eliminar el tope a los aportes, una empresa podría ponerle la suma de dinero que quisiera a un candidato para que gane una elección. Con lo cual, genera una influencia desmedida del sector privado y los sectores más ricos en los partidos políticos y las candidaturas, y genera inequidad en la competencia electoral. También se alientan las aventuras electorales de ciudadanos o empresarios con gran poder económico, y podría haber un candidato o partido político muy alineado con los intereses de determinados empresarios y, entonces, a los demás partidos políticos - con muchos menos recursos privados - les va a ser muy difícil competir”, agregó este especialista en financiamiento político.
En cuanto al sistema de declaración de los aportes, Milei propone que la Justicia Nacional Electoral establezca una plataforma online a través de la cual las agrupaciones políticas informen quienes han realizado un aporte, “debiendo el aportante manifestar, en carácter de declaración jurada a esa agrupación, que no está contemplado en ninguna de las prohibiciones previstas en esta ley”. Actualmente, existe ya una plataforma de aportes públicos implementada por la CNE, pero son los donantes los que deben cargar en el sistema su contribución, mientras que los partidos deben rendir un informe previo y final de ingresos y gastos de campaña a la Justicia electoral, con el detalle de sus donantes.
Según el texto elaborado por el nuevo Gobierno de La Libertad Avanza, los fondos que reciban los partidos políticos deberán depositarse en una única cuenta, pero ya no deberá estar necesariamente en el Banco de la Nación Argentina.
El proyecto también elimina el subsidio que otorga el Estado para la impresión de las boletas papel partidarias, antes de cada elección nacional. Esta modificación estaría alineada con la intención del Gobierno de promover la Boleta Única Papel cuya impresión sería solventada por el Estado.
Actualmente, la Dirección Nacional Electoral le paga a cada agrupación que compite en las elecciones generales un monto que le permite imprimir dos boletas y media (con un valor testigo previamente fijado) por elector para cada categoría. La ley actual prevé este aporte público para garantizar que la oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro de los 17.000 establecimientos de votación que hubo en estas elecciones en el país. Los partidos chicos o los nuevos, al tener menor capacidad financiera, suelen depender de este subsidio para garantizar la impresión de un número de boletas que les alcance para cubrir las más de 100.000 mesas para emitir el voto que hubo en todo el territorio nacional. No así los más grandes, que suelen imprimir por su lado dos o tres padrones más, para el reparto previo de boletas entre la ciudadanía. Sin embargo, el dinero para boletas que reciben muchas agrupaciones ignotas o sin representatividad promueve el “negocio” de los partidos que funcionan como sellos de goma para recibir esos fondos que no siempre se terminan destinando a la impresión de las boletas partidarias.
“Al sacarle a los partidos políticos chicos los fondos del Estado para la impresión de boletas - que se usan, en muchos casos, también para el financiamiento partidario -, sumado al nuevo sistema uninominal que se está impulsando, se reduce la posibilidad de las minorías de tener representación, ya que las empresas suelen financiar a los partidos más grandes y con posibilidades de ganar”.
El texto impulsado por el libertario reduce, además, los fondos correspondientes al aporte para campañas electorales y al Fondo Partidario Permanente, al fijar que para el cálculo de asignación se utilizará el 50% del valor del módulo electoral.
Milei también busca derogar la distribución que hace la Dirección Nacional Electoral de los espacios gratuitos de publicidad electoral en radio y televisión. “Al eliminar la equidad en la distribución de espacios de publicidad de campaña, los candidatos que consigan más dinero, podrán comprar más espacios”, advirtió Secchi.
Finalmente, el proyecto propone terminar con la prohibición de difundir encuestas ocho días antes de los comicios y hasta tres horas después de su cierre, y elimina el Registro de Encuestas y Sondeos de Opinión en el que deben inscribirse aquellas empresas que deseen hacer públicas encuestas de opinión, o prestar servicios a las agrupaciones políticas, o a terceros, durante la campaña electoral.
Desde Poder Ciudadano, su director ejecutivo destacó como aspectos “positivos” de la reforma que impulsa Milei, la prohibición de publicidad político partidaria o personal con fondos públicos, de utilizar recursos públicos o instalaciones para la promoción personal o partidaria, y para actividades partidarias. “Estas medidas ayudan a equilibrar la competencia entre aquellos que detentan el poder económico del Estado y quienes pelean electoralmente desde el llano. Por eso recomendamos complementar este tipo de medidas desde las provincias con medidas similares”, concluyó Secchi.
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