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Horas después de haber sido elegido como presidente de la Nación, Javier Milei comenzó a dar definiciones sobre las medidas económicas que serán prioridad en su gobierno. Entre las más resonantes figura la privatización de cinco empresas que pertenecen al Estado nacional: YPF, Aerolíneas Argentinas (pasaría a manos de los empleados), Tv Pública, Radio Nacional y Télam.
“Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado”, afirmó Milei, en una de muchas declaraciones referidas a la política de privatización.
El anuncio no tardó en provocar la reacción de los referentes del sector sindical. Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), fue uno de los más críticos y polémicos con sus declaraciones. “Si se quiere cargar Aerolíneas, nos va a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente, nos va a tener que cargar muertos. Que me anote primero”, apuntó, en una entrevista. Luego, el líder sindical dio marcha atrás con sus dichos y admitió que fue “una frase poco feliz”.
Lo cierto, más allá de la polémica, es que el objetivo del próximo Gobierno es tan claro como controversial: achicar el déficit de inmediato para desprenderse de compañías que demandan asistencia del Gobierno y generan pérdidas todos los meses. Ahora bien, ¿es un plan realizable en términos jurídicos y técnicos? El escenario es diferente para cada empresa y en todos los casos hay trabas legales que impiden la privatización en primera instancia, pero los especialistas en leyes aseguran que no hay cuestiones técnicas sobre la mesa que no se puedan resolver.
Para entender el panorama, es importante repasar el contexto de cada sector y conocer la lectura que hacen los abogados sobre el marco normativo.
Daniel Montamat, consultor, abogado y ex presidente de YPF, explicó cuál es la situación legal en la que se encuentra la petrolera y analizó qué posibilidades tiene el futuro Gobierno de privatizarla.
“YPF ya tiene 49% de las acciones que cotizan en las bolsas internacionales, incluida la bolsa de Nueva York. Por eso, hay un termómetro del valor de capitalización de la empresa. Hay que ver si se puede vender el otro 51% que expropió el Estado a Repsol en el 2012 mediante una ley”, comentó.
Técnicamente, explicó Montamat, para llevar adelante la privatización sería necesaria una ley que modifique a la original. “Según los juristas un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no podría ser sustituto de este tipo de ley. Hay razones de utilidad pública”, señaló.
Sí sería factible, insistió el ex presidente de YPF, privatizar nuevamente el paquete accionario a través de una ley. Es importante recordar que parte de las acciones en un momento iban a pasar a manos de las provincias, pero esto nunca se concretó y el Estado Nacional sigue siendo el dueño de los títulos.
Por otro lado, Montamat señaló que la necesidad de una ley no es la única traba que puede encontrar Javier Milei. “Otra cuestión que hay que resolver es qué parte de ese 51% de acciones se vende en las bolsas internacionales. Puede ser todo o una parte, pero esas acciones van a valer mucho más si tenemos una empresa ya capitalizada, con autonomía de gestión e internacionalizada”, detalló el consultor.
“El desafío inmediato es dotar a la petrolera de autonomía de gestión y competitividad en un mercado argentino que también debe tener otras reglas de juego para valorizar la empresa. La puerta ya está abierta: el 49% de las acciones de YPF ya cotizan en los mercados internacionales”, cerró el referente.
Rodolfo Barra, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia (1989-1993) y ex ministro de Justicia (1993-1996), coincidió en que la privatización de YPF puede ser “complicada”, debido a la Ley de soberanía hidrocarburífera (prohíbe privatizar las acciones que le quedaron al sector público de YPF), pero aseguró que existen los instrumentos legales para que el Estado Nacional pueda avanzar.
“La Ley 23.696 de Reforma del Estado, a través de la cual se hicieron las primeras privatizaciones, sigue vigente, al igual que la reglamentación. En la normativa se especifican todos los pasos que hay que realizar para poner a la empresa en condiciones de ser privatizadas”, explicó.
“Se menciona además cuáles son las empresas que están sujetas a privatización. Podría argumentarse que algunas perdieron ese carácter cuando fueron estatizadas, pero yo diría que no, porque la ley sigue vigente”, agregó Barra.
Para el ex ministro de Justicia, la expropiación de YPF puede tener alguna complicación, pero puede ser privatizada, incluso con un DNU. “Cuando hay necesidad y urgencia, se puede hacer por DNU, como hicimos con los aeropuertos en 1998. Desde el Mundial 78 no se hacían obras de importancia en los aeropuertos. Se mandó el DNU y se privatizaron. Hoy hay una emergencia económica financiera terrible”, apuntó el abogado.
Por último, Barra aclaró que la causa que enfrenta Argentina por la expropiación a Repsol en 2012 no significa ningún impedimento para avanzar con la privatización.
El caso de Aerolíneas Argentinas también presenta algunas particularidades. En varias oportunidades, Milei aclaró que su plan es dejar la empresa “en manos de los trabajadores”, algo que implicaría el cierre del grifo de asistencia financiera por parte del Gobierno.
Para Franco Rinaldi, especialista en actividad aerocomercial, hoy no es factible que Aerolíneas Argentinas se privatice. “Para eso el proceso debería pasar por dos instancias. Por un lado, se debe tener en cuenta que Aerolíneas es una Sociedad Anónima protegida por la Ley 19.550. Su único accionista es el Estado Nacional argentino”, señaló.
“Además, se aprobaron dos leyes que la protegen. Una impide que el Estado se desprenda de más del 50% de sus acciones; la segunda, obliga al Estado a asistir económicamente a la empresa. Habría que derogar esas dos normas para avanzar a una privatización”, comentó Rinaldi.
Para el experto, tampoco es factible que el Gobierno ponga a la empresa en manos de los empleados. “No puede hacerlo, porque los gremios no van a aceptar dirigirla. A ellos les conviene que la compañía siga en manos del Gobierno, porque necesita USD 500 millones al año de asistencia financiera para funcionar”, sostuvo.
En síntesis, la privatización de Aerolíneas Argentinas también debería pasar por el Congreso para avanzar. No obstante, el abogado Alfonso Buteler, aclaró que más allá de las trabas legales la privatización siempre es viable, como también muchas veces es viable que algo privado pase a ser público. “Está bien segmentar cada caso y analizarlo por separado, porque en algunos casos se requieren modificaciones por ley y en otros casos no, pero siempre se puede hacer”, aseguró.
“También es importante analizar la situación de mercado de las empresas que se quieran privatizar, y si se trata de un monopolio natural o legal”, sumó.
Fuera de esto, el experto insistió que la privatización, como política de Estado, se puede llevar adelante, como ocurrió durante el menemismo. “Incluso ocurrió a la inversa en la época del kirchnerismo. Se usaron sociedades anónimas y el Estado lo que hizo fue comprar las acciones”, recordó.
“Los instrumentos han ido cambiando con el tiempo. En la época de Perón se usaban las Sociedades del Estado con la Ley 20.705 y la Ley de empresas públicas. Son todas formas jurídicas distintas que se pueden utilizar de acuerdo a una situación política. En este caso, habrá herramientas para que avance la privatización”, comentó Buteler.
Así como YPF y Aerolíneas Argentinas tienen sus bemoles en vistas a una privatización, los medios públicos tienen los propios. En ese sentido, hay tres grandes aspectos que se deben tomar en consideración. El primero, es que Radio Nacional tiene 49 frecuencias diferentes y cada una tiene una licencia diferente otorgada. Si el Estado quisiera pasarlas a manos de privados, debería implementar mecanismos de concursos individuales para cada región, ya que se trata de frecuencias “por cobertura” (geográfica).
Los primeros apuntados para la privatización, fueron los medios públicos. (Sebastian Pani)En el caso de Canal 7 el procedimiento es similar, sólo que se trata de una licitación nacional, por lo que se convierte en la más costosa.
El segundo punto a tener en cuenta en el marco de la privatización, es que el patrimonio de los medios (edificio, mobiliario, vehículos) se rigen por un procedimiento diferente. Especialistas del sector precisaron que en algunos casos se requeriría de la formulación de nuevas leyes, como en una eventual venta de terrenos, debido a que son activos del Estado.
El tercer elemento a considerar es el administrativo. La planta de personal ronda las 2.500 personas en Canal 7 y roza los 900 en Télam, a los que se suman otros 200 en contenidos públicos y Radio Nacional. Se trata de trabajadores que se encuentran en planta permanente y hoy conforman una estructura que requiere de asistencia financiera externa por parte del Gobierno.
Silvana Giudici, ex Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones analizó la propuesta de Milei y reconoció que es necesario transformar los medios públicos y volverlos más eficientes, racionalizando y unificando las tareas. “Hay dispersión de organismos que hacen lo mismo”, sostuvo.
Sin embargo, no se manifestó ni a favor ni en contra de las propuestas del próximo Presidente. “No puedo opinar de la idea de privatización, eso le corresponde al Congreso. Sí sostengo que los medios públicos son importantes. Creo que hay que mantenerlos, aunque con una profunda reestructuración”, consideró Giudici.
El abogado Carlos Laplacette analizó la situación de los medios de comunicación y compartió su opinión en relación a la política propuesta por el futuro Presidente. “En términos generales, la idea de privatización es algo que tiene que ser analizado dentro de cada empresa en particular, para ver cuál es el régimen jurídico. Todo indica que se va a dar dentro de una política más general, en la cual es de esperar que el Gobierno desarrolle algunos instrumentos reglamentarios y legales que tiendan a unificar este esquema”, señaló.
Para el abogado Carlos Lapacette, el próximo Gobierno implementará una reforma de fondo que le dará más herramientas al Ejecutivo para las privatizaciones. ReutersPara Laplacette, es factible que se busque avanzar por DNU, por reglamentaciones, por ley o por un grupo de leyes en el Congreso que establezca un régimen nuevo. “No creo que en la etapa que se va a iniciar, se mantenga el marco regulatorio. La privatización va a ir de la mano de un cambio jurídico grande”, opinó.
En este escenario, el experto consideró que no hay ninguna traba imposible de superar, frente a un nivel de reforma legal de fondo. “Todas las complicaciones se pueden sortear. El hecho de que se tenga que modificar el esquema normativo para privatizar una empresa del Estado, no será una traba”, insistió.
Ante esto, Laplacette remarcó que analizar las propuestas de privatización con el marco jurídico que existe hoy, puede llevar a conclusiones que se alejan de la realidad que podría existir dentro de unos meses. “En lo personal imagino un esquema jurídico con una delegación importante del Poder Ejecutivo”, apuntó el abogado.
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