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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa ante la Legislatura porteña la sanción de un proyecto para establecer nuevas multas económicas a las personas que saquen residuos de los contenedores desplegados en la vía pública, en una iniciativa que generó el rechazo de las cooperativas de recicladores urbanos que exigieron la marcha atrás de la propuesta.
El texto, que lleva la firma de la actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana y vicejefa de Gobierno electa, Clara Muzzio, fue ingresado a la Legislatura hace 20 días, en medio de la campaña electoral, por lo que no tuvo un debate en comisión hasta esta tarde, cuando el oficialismo firmó el dictamen para que se trate en la sesión del jueves próximo.
El proyecto busca elevar el valor de las multas establecidas en una veintena del actual Régimen de Faltas que rige en la Ciudad de Buenos Aires, las cuales sancionan las infracciones cometidas contra el ambiente, el espacio público y la higiene urbana; así como también incorpora la obligación de realizar acciones de reparación verde.
En ese marco, el Ejecutivo incluyó aumentos en las penas a los habitantes que saquen la basura a los contenedores fuera del horario permitido, entre las 19 y las 21, o a quienes no cumplan con la separación en origen de los desechos domiciliarios, llevando la multa a valores que oscilan de los 14.446 a 144.660 pesos.
Y sumó un nuevo artículo al Régimen de Faltas que castiga a las personas que manipulen "contenedores o puntos de disposición de residuos sólidos urbanos" instalados en la vía pública con sanciones económicas hasta de 101.262 pesos.
Además, la multa podría superar el millón de pesos en los casos en que "la infracción sea cometida por una persona jurídica", es decir, las organizaciones de recicladores urbanos, a las cuales también se les decomisará los materiales recolectados y obligará a realizar acciones de "reparación verde".
La propuesta fue analizada en la reunión de la Comisión de Justicia de la Legislatura, que preside la diputada radical Inés Parry, donde se hizo presente para expresar su disconformidad una delegación de las cooperativas de recicladores que trabajan de manera formal en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas, Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas y El Álamo.
Francisco Dorbessan, de la Federación de Cartoneros y Cartoneras, cuestionó la incorporación del artículo "en este contexto en el que estamos viviendo y el que sanciona a las personas que están revisando los tachos para comer o para juntar material reciclable para subsistir".
"El Gobierno de la Ciudad no nos convoca para trabajar en las soluciones de las personas en situación de calle y de cartoneros independientes y termina sacando una ley que multa a quienes revisan los contenedores, lo que es el fracaso total de la política entendida para solucionar los problemas de la gente", destacó.
Lucía Jolías, de la cooperativa Madreselvas, pidió a los legisladores y legisladoras el retiro del artículo y la apertura de un ámbito de diálogo con el Gobierno de la Ciudad que aborde la problemática de los trabajadores informales del reciclado.
Los cuestionamientos, en tanto, fueron respaldados por las diputadas de Unión por la Patria, Claudia Neira y Lucía Cámpora, que solicitaron al oficialismo más tiempo de discusión antes de llevar el expediente al recinto el jueves próximo y exigieron la concurrencia a la Legislatura de funcionarios del área de Higiene y Espacio Público del Ejecutivo.
En tanto, desde el interbloque de Juntos por el Cambio (que atraviesa una crisis por el reacomodamiento de sus principales dirigentes frente al balotaje presidencial), la diputada Gimena Villafruela defendió la propuesta al sostener que "el espíritu es fomentar el orden público".
Por su parte, Parry señaló que "se está incorporando nuevas sanciones y no está mal", en tanto que confió que existe un "compromiso" con la administración de Horacio Rodríguez Larreta de sancionar el proyecto el jueves próximo.
Luego del cierre de la reunión, los integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio expresaron su enojo ante la falta de representantes del Ejecutivo en el debate parlamentario, al punto de dar cuenta que no fueron atendidas sus consultas hasta minutos antes del inicio del encuentro.
Por ello, analizaban la modificación del artículo que generó la controversia de manera de penalizar solamente a las "personas jurídicas" que cometan la nueva infracción para la manipulación de contenedores, con lo cual alcanzaría a los recicladores formales y dejaría fuera a quienes sacan residuos de manera independiente.
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