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El proyecto de Presupuesto nacional 2025 presentado por el Gobierno de Javier Milei anticipa recortes significativos para las provincias, establece una recaudación total de $175 billones de pesos. De esta suma, solo una parte se distribuirá bajo el esquema de Coparticipación Federal de Impuestos, mientras que se proyecta que un 42,34% de los recursos irá a la Nación, y el 54,66% a las provincias adheridas. Sin embargo, varias provincias enfrentarán una merma considerable en sus ingresos, ya que los fondos que antes se distribuían de forma más equitativa ahora se redirigen a la Nación mediante asignaciones específicas.
Este esquema redirige recursos de impuestos importantes como el IVA, el impuesto a los combustibles y el componente del Monotributo a fondos nacionales, restando alrededor de $6 billones de pesos que podrían fortalecer las economías provinciales. En el caso del IVA, un 11% se destina a la Seguridad Social, lo que representa una reasignación de fondos significativa para las provincias hasta 2027. Este impuesto, que inicialmente buscaba ser una herramienta equitativa entre la Nación y las provincias, derivó en un sistema donde los fondos se concentran en la administración central, limitando la capacidad fiscal de los gobiernos locales.
La situación con los impuestos a los combustibles es similar; solo un 10,4% de la recaudación se transfiere a las provincias, mientras que el 79,2% se destina a fondos específicos que no impactan directamente en sus habitantes. A esto se añaden las sumas fijas aplicadas en ventas de combustibles en regiones específicas, que en 2025 implicaría un gasto tributario estimado en $2,8 billones de pesos, acentuando la desigualdad en la asignación de recursos.
El régimen del Monotributo también resulta en una importante pérdida de ingresos para las provincias. Bajo el actual esquema de distribución, un 70% de lo recaudado va a la ANSES, mientras que solo el 30% llega a las provincias, limitando así la autonomía de los gobiernos locales.
El presupuesto proyectado para 2025 no solo incrementa los fondos hacia la Nación a través de estos ajustes, sino que reducirá las transferencias automáticas, privando a las provincias de recursos críticos para financiar áreas esenciales como educación y salud. Además, se profundiza una tendencia preocupante: la eliminación de programas de inversión regional, como el Fondo Federal Solidario, que financiaba infraestructura y fue suprimido.
Las provincias, especialmente aquellas que se oponen al gobierno, verán afectados sus esfuerzos por financiar servicios esenciales, agravando la crisis que enfrenta el país. En un contexto de recesión y restricciones, el Gobierno de Javier Milei parecería centrarse en fortalecer la administración central asfixiando las autonomías provinciales, lo que podría llevar a un aumento en la tensión política entre las jurisdicciones y el gobierno nacional.
Esta estrategia de ajuste fiscal podría no solo empeorar la situación de las provincias, sino también llevar a una mayor desconfianza hacia el gobierno, que ya es objeto de críticas por sus políticas que perjudican el desarrollo local.
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